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Una investigación sobre el gatillo fácil policial realizada por Valeria de la Vega como trabajo final del Curso de Periodismo de Investigación que Héctor Pavón dicta en Periodismo.net

(Por Valeria de la Vega) Carla Lacorte es una joven como cualquier otra. Pero desde chica tuvo que sufrir los avatares de la represión sangrienta vivida en Chile. A su padre lo asesinó la dictadura del Gral. Augusto Pinochet, allá por los años ‘70. Era muy chica y todavía recuerda aquel momento. Al pasar su infancia en Argentina, también con la feroz dictadura impuesta a partir del 1976, cada información sobre represión le resonaba de forma especial.

Con esta angustia pasó su infancia, junto a su madre, en la ciudad bonaerense de Quilmes, hasta que en el año 1983 se recuperó la democracia en el país. Carla tenía entonces 10 años. Tomaba conciencia de golpe sobre las circunstancias en las cuales había sido fusilado su padre. Pocos años después, en su adolescencia, sentía que debía luchar de alguna forma para defender el más elemental de los derechos humanos, la vida misma. Decidió, entonces, participar en el Centro Profesional por los Derechos Humanos (CeProDH) y así lo hizo. Dedicaba todo el tiempo que fuera necesario en discutir con sus compañeros y organizar actividades que ayuden a no olvidar y a buscar incansablemente justicia para los miles de asesinados durante las dictaduras de ambos países.
Y así transcurrió su adolescencia, militando. Un día conoció a Carlos, siendo él docente y tanto fue el amor, un sentimiento que aún hoy se ve en sus miradas, que decidieron casarse.
Tenía su casa, su marido, su participación político-social, trabajaba por las mañanas y por las tardes viajaba más de una hora de ida y otra de vuelta para ir a cursar a la facultad de Veterinaria de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires. Era una vida sin dudas muy activa pero hasta el 1° de junio de 2001, sin mayores sobresaltos.
Ese día, viernes 1°, era un día como cualquier otro para Carla. No se imaginó, que los abogados del CeProDH, tendrían que representarla a ella ante la justicia.
Se levantó y desayunó con su marido como siempre, antes de ir a trabajar. Esa mañana fue algo especial laboralmente: le incrementaron un día por semana el trabajo y, por consiguiente, el sueldo. Estaba contenta, los sábados la ayudarían a aumentar un poco los ingresos de su casa.
Durante el almuerzo, no podía dejar de pensar en el examen de la semana siguiente, en los libros que le prestarían para estudiar, en el tiempo que dispondría en los días sucesivos…fue una compañera la que esa tarde le facilitó los libros de estudio para que Carla llegue preparada a la fecha de examen.
En un laboratorio de la facultad hacían un trabajo práctico cuando se dio cuenta de que la clase se estaba extendiendo un poco de la hora que comúnmente terminaba. Como Carlos la esperaba a las 22.30 en una esquina, para ir a cenar, decidió irse unos minutos antes. Pagó el subte con su tarjeta electrónica, y dudó en el Correo Central cuando vio que el colectivo que la llevaba a Quilmes estaba bastante lleno. Pensó en su marido y decidió tomarlo. No quería hacerlo esperar… pero Carlos tuvo que esperar igual más de la cuenta, hasta recibir la trágica noticia.
A Carla, a metros de donde bajó del micro, en Quilmes, la habían baleado. Una bala le entró por la espalda, le destrozó la médula y le pasó a sólo medio centímetro del corazón. La bala de un policía.
Minutos antes de que sucediera esto, dos jóvenes habían entrado al local de Mc. Donalds instalado dentro de la estación de servicio de Brandsen y Mitre, en el centro quilmeño, con intención de asaltarlo. Alguien avisó a la comisaría y un auto particular, con tres policías de civil se acercaban al lugar con el propósito de detener el delito. Los supuestos delincuentes, no podían abrir las cajas registradoras para llevarse el dinero y marcharse. Decidieron directamente salir del lugar con las cajas registradoras a cuestas. Así lo hicieron, pero al salir se encontraron con los policías que llegaban al lugar. La primera reacción fue deshacerse del botín, y correr. Al hacerlo, pasaron por detrás de Carla, que segundos antes había bajado del colectivo en la mismísima esquina de Brandsen y Mitre y se dirigía por Mitre a encontrarse con su marido. Ya había atravesado la vereda de la estación de servicio y de la casa de comidas rápidas pero caminaba tranquila porque no había nada que le hubiera llamado la atención. Fue ahí cuando, imprevistamente, sin siquiera imaginar que estaba en situación de peligro, recibe el impacto por la espalda. “Ahí va la campana”, esa fue la última frase que escuchó y llevó a la conciencia al momento de caer. Primero, los policías la tironearon de los pelos para que confiese no se sabe qué cosa, intentando meterla dentro del móvil policial. Después, se dieron cuenta de su “error”. Carla tenía los libros prestados en la mano, había bajado del colectivo-les explicó, nada tenía que ver con el asalto.
“Cuando vi en la televisión cómo lo tironeaban de los pelos a Darío, al borde de la muerte, supe por lo que él estaba pasando, es el mismo modus operandi” (palabras de Carla, al comentar los episodios en los que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki)1
Por suerte Carla no perdió el conocimiento, y reclamó incansablemente una camilla hasta que apareció. Fue trasladada a un sanatorio de la zona. Ya divisaba su destino, no sentía sus piernas. Pero nunca se imaginó, que había estado a sólo medio centímetro de la muerte.
Después vinieron las acciones de los policías para encubrir la situación. Les era imprescindible hacer desaparecer las evidencias que comprobaban por un lado que Carla no era cómplice en el intento de robo y por otro que la bala que había entrado en su cuerpo era de un policía. Para esto, antes de dejarla en el sanatorio, le sacaron el boleto de colectivo que estaba en el bolsillo de su campera. Sin boleto, pensaron, no podría justificar que recién llegaba a la escena del asalto. Además, al día siguiente, durante un rastrillaje del lugar, encontraron milagrosamente un arma. Después, el cuerpo uniformado, no habría tardado en disuadir a los médicos para que mágicamente desaparezca la bala que le extirparon de su cuerpo. Carlos, su marido, atento a la situación, y asesorado ya desde el primer momento por los abogados del CeProDH, pudo recuperarla antes de que se cumpla dicho cometido. Así se comprobó que el arma era del oficial José Salmo, de la comisaría sexta de Ezpeleta, y que fue él quien la apuntó derecho al corazón de Carla, la fría noche del 1 de junio de 2001.

Gatillo Fácil y Democracia
El caso Lacorte es el típico exponente de que transeúntes o terceros ajenos absolutamente a hechos delictivos se ven involucrados involuntariamente en el fácil accionar del arma de la policía, poniendo en evidencia el desprecio absoluto que tienen éstos por la vida humana. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires registró en ese año, 76 casos con esta modalidad, en la que un tercero es víctima del accionar indiscriminado de las fuerzas policiales. Carla Lacorte fue uno de esos, que resultó herida y hoy está parapléjica, a la espera de una nueva intervención quirúrgica. Aunque le tiraron a matar, como a la mayoría de los heridos en estas circunstancias, tuvo la suerte de sobrevivir y no pasar a ser parte de los 7 casos mortales de terceros que se registraron en el año 2001.
Pero en aquel año, las víctimas totales de lo que se denomina gatillo fácil fueron 175 muertos y más de 400 heridos 2. Resulta difícil determinar el número exacto de heridos de gatillo fácil separándolos de enfrentamientos reales con la delincuencia pues la policía recurre en forma reiterada a transformar la escena en un pseudo-enfrentamiento para justificarse.
Sin embargo, los 175 casos de muerte son hechos registrados en alguno de los organismos de derechos humanos y en los cuales no cabría duda, según relato de los familiares, de que se trató de un abuso policial. Inclusive, se considera que el número de muertos es aún mayor, porque se conoce la falta de denuncias por parte de las víctimas. El hecho de que los familiares no denuncien lo ocurrido, se acrecienta en los sectores más empobrecidos de la población, que ven justificado, en parte, la sentencia de muerte al encontrarse la víctima involucrado en algún hecho sospechoso. Están convencidos de que la policía está habilitada para matarlos, y que ellos no cuentan absolutamente con ningún derecho.
Las víctimas fatales del año 2001, sólo son el 14% de las registradas desde 1983 en todo el territorio argentino, índice que se ha incrementado con el paso del tiempo, con años de particular intensidad desde 1995 y con un record absoluto durante el 2002. En definitiva, fueron más de 1300 casos en todo el país en los que la víctima terminó asesinada. Y se presentaron en distintas modalidades, como la ya vista con el caso Lacorte, en que se prioriza a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho. Pero además se reiteran, y son mayoría, los casos de fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos, inclusive hechos menores como arrebatos o inclusive de quienes los policías juzgan por “portación de cara”, es decir, sin siquiera encontrarse en actitud sospechosa pero que el cuerpo uniformado considera un potencial delincuente. Así, la ejecución extrajudicial sumarísima, aprovecha la falta de denuncias ya vista, el mayor consenso social contra la delincuencia, la inoperancia en las investigaciones para legitimar estos homicidios. Se continúan verificando en algunas zonas, por ejemplo en el norte del conurbano bonaerense, directamente el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal. También abundan las muertes de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias como en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. El año 2001 fue record, con la caída de De la Rúa, de otra modalidad, la de asesinar en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta.
En el total de los casos, el promedio de edad de las víctimas es de 16 años y medio, y generalmente pertenecen a los sectores más desprotegidos en lo social y económico. La Provincia de Buenos Aires es la que registra el mayor número de muertes con las diferentes modalidades, 571 casos (45%) desde 1983, siguiendo Santa Fe 186 casos (14%), Córdoba 145 (11%), ciudad de Buenos Aires 109 (8%), Mendoza con 88 casos (7%), Corrientes con 50 (4%) y le siguen Neuquen, Río Negro, La Pampa, en ese orden. 3
Dentro de la provincia más importante del país, es llamativo que exista una concentración de víctimas en algunos distritos. Los municipios que cuentan tristemente con mayor número son San Martín, Lomas de Zamora, San Isidro, Quilmes, entre otros y se repiten los mismos año tras año.

El papel de la Justicia
Carla Lacorte se encontró de golpe herida, sin sentir sus piernas, tirada en el piso y acusada de ser cómplice de un intento de robo. Cuando ya estaba fuera de peligro, lo primero que le dijo a su esposo fue que le tiró un policía. Por un momento pensó que vivía en un país en donde la Justicia funciona, y que, sin ninguna duda, el responsable sería detenido y enjuiciado. Y que para ese momento, ya le habrían, por lo menos, sacado el arma que cargaba en forma tan irresponsable. Después se le cruzó por su cabeza toda su historia, la represión impune en Chile, el terrorismo de Estado en Argentina aún sin castigo, las violaciones a los derechos humanos que veía a diario en el CeProDH, los casos de gatillo fácil que ya conocía y supo, entonces, que vivía en otro país, en el cual los fiscales no investigan, los jueces miran para otro lado, la Justicia no funciona o lo hace cuando quiere o, en algunos casos según los intereses de los hombres que dicen ejercerla. Y Carla no se equivocaba, a más de dos años del hecho, José Salmo no solo no está detenido sino que además, sigue en funciones en la misma comisaría y con el mismo cargo que antes.
En la causa interviene el fiscal Claudio Pelayo, (U.F.I. n°4) que no ordenó ninguna de las medidas de las pruebas elementales ofrecidas por la querella que encabeza el Dr. Rubén Tripi del CeProDH, entre ellas la reconstrucción del hecho y una prueba planimétrica. Al responsable se lo indagó por el delito de “lesiones culposas” siete meses después de sucedido el hecho, tiempo que le bastó para preparar su declaración con lujo de detalles. A la víctima, todavía no le ha tomado declaración ni lo hará pues le informó en una oportunidad a su representante legal que nunca iba a recibir ni a Carla ni a nadie de su familia. Quien sí lo hizo en una oportunidad y presionado por una marcha realizada el 7 de marzo del 2003, fue el fiscal general, el mismo que a los pocos días que la balearon y sin una sola prueba, salió por los medios locales a decir que ‘era peligroso cuestionar el accionar policial y que éste había sido correcto’. El fiscal Pelayo argumenta tener la “sincera convicción” de que “no hubo conducta dolosa (intencionalidad) en el accionar del policía sin necesidad de realizar las medidas de prueba”. El oficial Salmo declaró en la causa que el proyectil impactó en Carla luego de haber rebotado en una pared, que por lo tanto no había habido intención de dispararle; (inverosímil explicación para justificar el disparo sobre Carla quien, como quedó acreditado en la causa, se hallaba ajena a la potencial línea de fuego de los policías y los delincuentes que huían del lugar).
Es por eso que se reclama su procesamiento por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas. La conducta del fiscal Pelayo, ya tiene por lo menos otro antecedente en el cual está cuestionado, al tratar de convertir las víctimas en victimarios.
El hecho ocurrió el 29 de enero de 2003, también en Quilmes. Un grupo de chicos jugaba al carnaval frente a un corralón de materiales. Se hizo presente en el lugar un móvil del comando de patrullas pues, según fuentes policiales, alguien había denunciado que los chicos arrojaban piedras contra los autos que pasaban. Uno de los policías comenzó a golpear con un palo a uno de los chicos, entonces la madre de otro de los menores viendo la situación intervino y también fue golpeada. Fue ahí cuando el policía Fabián Sosa, sacó su revólver y disparó. Verónica Gauto, de 19 años, embarazada de 8 meses, que caminaba cerca del lugar, recibió el disparó y se desplomó. El suboficial siguió disparando, el chico de 14 años con quien antes había forcejeado recibió otro disparo que lo hirió; según testigos también hubo otro policía que tiraba. Instantes después los policías se subieron al auto y se fueron. Luego llegó otro patrullero, llevaron a Verónica al hospital de Wilde, pero estaba muerta, el impacto había sido en su cabeza. Sin embargo, el bebé pudo nacer gracias a una cesárea practicada en el hospital. 31 de enero El policía bonaerense detenido por la muerte de Verónica dijo que él no gatilló sobre la chica sino que el arma se disparó luego de un forcejeo. Como medida de prueba urgente entonces el fiscal ordenó que se realizara la prueba de dermotest- que es un análisis de parafina de los restos de pólvora- sobre las manos del policía. Además Armella (el fiscal) contó que la fiscalía retiró el arma, dos proyectiles y las cápsulas. Tras la indagatoria el policía quedó detenido. Sosa le dijo al fiscal que se vio desbordado por los vecinos, que advirtió en el forcejeo que alguien le sacó el arma de la cartuchera, que colocó sus manos en la empuñadura, y que en ese momento el arma se disparó dos veces. 28 de febrero de 2003, a un mes del homicidio de Verónica Gauto, la fiscalía de Quilmes pidió la prisión preventiva contra el principal acusado del crimen, el cabo Fabián Sosa, quien a pesar de haber estado imputado por agresiones y amenazas en una causa anterior, ese día había llevado un arma sin seguro y con una bala en la recámara para dispersar a los chicos. La mitad de los testigos serán investigados por “posibles lesiones contra el cabo” y fueron amenazados por los agentes de la misma comisaría en la que trabaja Sosa según denunció uno de ellos. 11 de Marzo de 2003 La justicia dictó prisión preventiva al policía Fabián Sosa (cabo), el cabo fue procesado con prisión preventiva por el juez Martín Nolfi. La causa es denominada “Homicidio Simple”. También se acusa al cabo de haber disparado contra un chico de 14 años, así la causa de Homicidio simple podría agravarse por las lesiones que le ocasionó al chico. / Cuando el fiscal interino Claudio Pelayo intervino (mientras Armella no estaba), comenzó una investigación a los menores por resistencia a la autoridad 4 .
Con esa fiscalía es que se llega a fines del 2003 sin un proceso transparente en el caso Lacorte, con un fuerte cuestionamiento al accionar de la Justicia. Pero el caso Lacorte, no es una excepción. En Argentina, solo un 13% de los casos de gatillo fácil seguido de muerte registra condenas para los asesinos. Los jueces, con sus criterios blandos, no castigan los hechos con severidad, lo que fomenta la ocurrencia de más hechos y más graves o ni siquiera los casos llegan a instancia de condenas, quedan por años en instrucción o no actúa la fiscalía como corresponde.
Ejemplo de que hay una gravísima falla en el sistema judicial es que a pesar de que buena parte de los hechos registrados corresponden a la muerte ocurrida en ocasión de aplicación de tormentos en dependencias de seguridad, sólo 7 causas en todo el país han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte desde 1983, con condena de prisión perpetua. (casos Bouchón 5 de San Nicolás, Sargiotti 6 de Córdoba, Figueredo 7 de Santa Fe, Pazos 8 de Río Negro, Durán 9, Campos 10 y Bru 11 de la provincia de Buenos Aires).

La prensa y el “no gatillo fácil”
Se podría decir que en primera instancia no existe para los medios masivos de comunicación el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad. La fuente, en general, es el informe que da la policía sobre el hecho. Así sucedió con el caso Lacorte. Los medios locales publicaron al día siguiente que Carla quedó en la línea de fuego de los policías y los delincuentes, y que por ello había sido herida.
El principal diario de Quilmes, “El Sol” relató que ‘tres ladrones entraron en el Mc. Donalds…con revólveres y escopeta…’ y en la misma nota dio lugar a Adrián Cisterna, titular de la comisaría primera, quien declaró que ‘ inmediatamente se hizo un cerco policial que impidió el tránsito de personas y vehículos para lo cual participó el grupo Halcón…’ ‘al momento de llegar ya estaba en el lugar el jefe de la Departamental y la primera medida que se tomó fue hacer un cerco de 200 m…’ Pero este cerco se realizó luego de que disparan contra Lacorte, sin embargo no se hace esta aclaración en la nota.
El diario Perspectiva Sur publicó al fiscal general Draghi quien consideró correcta la participación policial (5-06-2001).
Este mismo matutino relató días después la versión de que no existió tiroteo en el momento en que Carla es herida y que la habían baleado al considerarla la “campana” del asalto. Sin embargo, no alcanzó para revertir la ya formada opinión pública quilmeña, de que había sido una víctima casual del ‘correcto’ accionar de la policía.
Pero se puede tomar otro caso, que haya tenido repercusión nacional para analizar la cobertura de los medios.
El caso de Mariano Witis, tomado de rehén por Darío Riquelme, al intentar asaltar un banco, da muestra también de que en principio la prensa toma la versión oficial del asunto, sin contraponer otra fuente para verificar la veracidad de lo sucedido. El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2000 cuando Darío Riquelme de 16 años, junto a otra persona intenta asaltar la sucursal del banco Itaú de San Isidro. Al salir toman de rehén a Mariano Witis y a una amiga suya, Julieta Schapiro, obligándolos a sacarlos de la escena del delito en un auto propiedad de Schapiro. La policía los persigue y al llegar a un descampado, un delincuente escapa mientras que a Riquelme y a Witis, el cabo Rubén Emir Champonois los fusila dentro del auto. Detienen a la mujer y plantan un arma a Witis para hacerlo pasar por delincuente. Alegan que fueron muertos en un tiroteo. Como quedó demostrado en el juicio, Witis, profesor de música, no llevaba consigo ningún arma y fue solo un rehén y Riquelme, tenía un arma que no disparaba por lo cual no pudieron nunca ser muertos en las circunstancias en que se alegaban. Sin embargo, los titulares del día siguiente, tomaron así el caso.
El diario La Nación presenta la nota ‘Matan a dos asaltantes de un banco en San Isidro’ y en el cuerpo de la nota se puede leer ‘la policía interceptó a tiros a los malvivientes, en ocasión en que fueron abatidos dos delincuentes….’ y más adelante detalla, ‘Minutos antes del mediodía, una mujer ingresó en el banco, situado en Márquez al 700, y se dirigió a una de las cajas para formar fila, como el resto de los clientes. Segundos después entraron tres hombres con armamento de grueso calibre. Mientras uno amenazaba y apuntaba a los empleados, los otros dos saltaron sobre el mostrador y sustrajeron el dinero de las cajas. Sin necesidad de disparar sus armas y en pocos minutos, se retiraron de la entidad bancaria y subieron a un VW Gol azul, conducido por la mujer, que habían estacionado enfrente…comenzó un intenso tiroteo… Finalmente, los dos delincuentes que ocupaban los asientos traseros murieron y el que estaba adelante huyó… Los malhechores fallecidos tenían dos revólveres calibre 38, con los cargadores casi vacíos, y parte del dinero robado’.
El diario Página 12, con la misma versión sin constatar, titulaba ‘Un asalto express pero sangriento’ para continuar ‘Tres hombres y una mujer ingresaron poco antes del mediodía de ayer a la sucursal San Isidro, del Banco Itaú… Treinta cuadras después, a espaldas de la villa Uruguay, la fuga terminó con un tiroteo. Dos delincuentes murieron. La mujer, que conducía el vehículo, fue detenida ilesa, y el cuarto asaltante logró escapar…’ y detallaron ‘El hecho se inició alrededor de las 11.30, cuando tres hombres y una mujer ingresaron a la sucursal Banco Itaú, ubicada en Márquez al 700. Ella fue la primera en trasponer la puerta de entrada para ubicarse en una de las filas de caja, simulando ser una simple clienta. Pocos segundos después entraron los tres hombres pero con las evidentes intenciones de saltear lugares en la fila, intenciones que se hicieron visibles cuando desenfundaron sus armas… La mujer conducía y los hombres disparaban… Se desató un fuerte tiroteo, hasta que los dos asaltantes ubicados en el asiento trasero murieron y el tercero logró huir. La mujer fue detenida. Estaba ilesa y desarmada’.
Lo llamativo es que si bien, en alguna parte de la nota ambos diarios citan la fuente, no utilizan los verbos en potencial sino que lo dan como un hecho verdadero, amén de que utilizan sólo la fuente oficial.
El diario Clarín, si bien reproduce la versión oficial, titula la nota ‘Dos personas murieron en un confuso episodio con la Policía’ pues ya contaban con la desmentida de la familia Witis. Sin embargo también reproduce ‘Un grupo integrado por unas cuatro personas asaltó antes del mediodía la sucursal San Isidro del Banco Itaú y, tras huir, fue perseguido por la Policía, lo que generó un tiroteo en un barrio carenciado de la localidad de Beccar’ pero agrega… ‘sin embargo, por la noche, el caso no era tan claro, porque familiares de uno de los supuestos ladrones muertos denunció que el joven, de 23 años, “estaba haciendo encuestas en la zona” de la villa. Voceros de la Departamental también admitieron que el caso era “al menos confuso” y que no podía asegurarse que “los dos hombres muertos integraran la banda”. Incluso, los familiares denunciaron que el joven de 23 años, cuyo nombre no se informó, había sido tomado como rehén por los verdaderos asaltantes, al igual que la mujer, que finalmente fue detenida’.
Recién el día 23 tanto La Nación como Página 12 quisieron reparar su error. Página tituló ‘La bonaerense presentó como un ladrón al rehén asesinado’ pero omitieron poner y nosotros le creímos. La Nación, en cambio, tituló como si nada hubiesen escrito el día anterior ‘Matan a un rehén durante un asalto Fue en el robo a un banco de San Isidro; la policía lo confundió con un ladrón’ pero también omitió poner y nosotros también.
“Como ocurre en la gran mayoría de causas en las que se investigan hechos de violencia policial, la inclaudicable lucha de los familiares de las víctimas fue imprescindible para modificar la impronta inicial de la causa y promover el avance de la investigación de la justicia. Así, los padres de Mariano, patrocinados por la abogada Laura Del Cerro, y la madre de Darío, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lograron desarticular la versión policial de los hechos y acreditar la responsabilidad del cabo Champonois” 12.

Gatillo fácil, una práctica arraigada
Ya por el año 57, el periodista Rodolfo Walsh puso de manifiesto el brutal accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires con el relato de los hechos perpetrados la noche del 9 de junio de 1956 en la cual se fusilaron a un grupo de civiles en José León Suárez por orden directa del entonces jefe de policía, Fernández Suárez. En su libro “Operación masacre”, se aportan las pruebas necesarias para dejar al descubierto el proceder de la policía, y las posteriores acciones que hiciera la Corte Suprema de Justicia, ya por esos años, para que los hechos quedaran impunes. Es el desaparecido periodista quien califica a la policía provincial, hace más de treinta años, como “la secta del gatillo y la picana”. Esta masacre, lejos de dejar una mancha en la memoria de la institución, marca un comienzo de lo que posteriormente se convirtió en una práctica cotidiana. El “gatillo fácil”.
Durante la última dictadura militar, este cuerpo de “seguridad” bonaerense, tuvo un protagónico accionar represivo, siendo responsable de la desaparición, tortura y muerte de miles de argentinos. Es ahí donde las fuerzas policiales terminan de aceitar y potencian sobre la base de su impunidad, el mecanismo de represión. Falsos enfrentamientos, plantación de armas, brutalidad y ensañamiento, detenciones indiscriminadas, tortura y muerte como cosa cotidiana.
Pero es a partir de 1983 que, al no poder ejercer su poder abiertamente, instrumentan un mecanismo de reinstauración del miedo y la represión, consistente en el sistemático asesinato de civiles en manos de fuerzas policiales, a sabiendas de contar con la complicidad de jueces y fiscales. Bajo el pretexto de combatir la delincuencia, torturaron, mataron e hicieron desaparecer desde el 83 a cientos de argentinos.
El Dr. Raúl Salinas, Coordinador del Centro de Estudios de Política Criminal y Seguridad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) analiza en una entrevista realizada esta práctica y sus causas.
-Desde su punto de vista, ¿puede decirse que el gatillo fácil es una práctica común de la bonaerense que responde a la formación que reciben o son casos aislados e inconexos, que dependen más de las características, en cada momento y en cada caso, del victimario?
-El gatillo fácil es el ejemplo de una práctica institucional arraigada. Entre sus causas, que son múltiples y conexas, aparecen la doctrina policial, impregnada de visiones propias de la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras, que ven en la acción policial la búsqueda y eliminación de enemigos, reales o potenciales, que deben ser combatidos y que no tienen derechos (los derechos de la personas están vistos como barreras a la actuación policial antes que el objetivo de su trabajo). Además- como hechos causales- incide la pobre capacitación, mas orientada a lo práctico o jurídico que a lo ético y que no comprende una buena formación con respecto al uso de la fuerza y a la función como agentes servidores de la ley, y no exclusivamente del orden’. Pero sin embargo ‘no es únicamente un problema de la capacitación. Si fuera así todo se resolvería cambiando el sistema respectivo. Juega acá también la política de reclutamiento, con criterios flexibles y poco exhaustivos y las políticas de actualización profesional. En las causas incide también el pánico social y la opinión pública, muchas veces favorable a la aplicación de fuerza excesiva ( hay que pensar que en los escuadrones de la muerte de San Isidro al matador, el Hugo Beto, le pagaban los propios vecinos su servicio de seguridad privada), el eslogan de mano dura viene así como -a los pibes chorros hay que matarlos a todos-.
Las directivas políticas juegan un papel central: hay que recordar también los premios al arrojo y heroísmo en enfrentamientos armados que promovía el gobernador Ruckauf o la autorización para utilizar armas privadas que tienen los policías bonaerenses (-hay que meter bala-).
Por otra parte la debilidad de los controles, tanto internos – control disciplinario - como externos, poder judicial, legislatura, autoridad política, comunidad, ONGs crean un ámbito de impunidad, tolerancia e incentivo a estas prácticas.
Finalmente la propia sociología organizacional de la policía juega un papel importante: cuando no hay posibilidades de denunciar, o por no existir canales, o por las posibles represalias o porque esto en la comunidad policial es inaceptable por el espíritu de cuerpo, la impunidad se convierte en la regla que maneja las redes de la ilegalidad policial.
-¿Por qué considera que se incrementan los casos de gatillo fácil año tras año, desde 1983?
-La práctica está instalada desde mucho antes del ‘83 y se ha ido potenciando con el tiempo. Por un lado existe por el desinterés o la incapacidad de la autoridad política en intervenir sobre el área de un modo serio y sostenible. Además existe un pacto de gobernabilidad en donde la autoridad política se desentiende de la problemática y la pone en cabeza exclusiva de la policía que la asume de un modo violento. La contraprestación que ofrece la autoridad es una indiferencia y vista gorda a la corrupción y el uso abusivo de la fuerza. No hay control disciplinario, asuntos internos, serio.
Los jueces, con sus criterios blandos, tampoco castigan los hechos con severidad, lo que fomenta la ocurrencia de mas hechos mas graves.
Por último es innegable el aumento de la conflictividad social, la miseria, la violencia, la impunidad y el abuso de poder. Esto hace que todo ello se encare a partir de la aplicación de mas violencia de la policía, que concentra su trabajo en la represión y no en el desarrollo de políticas preventivas o proactivas.
La proliferación de redes de ilegalidad que funcionan en base al delito e involucran directamente a la policía facilitan la comisión de mas crímenes como el trafico de armas, drogas, robos, secuestros extorsivos, etc.
El gatillo fácil mas que un problema en sí, que lo es en tanto implica una gravísima violación a los derechos humanos, es la manifestación de otros conflictos sumados y potenciados que pueden resumirse en el modelo de sociedad que sostenemos, excluyente, marginadora y violenta, y en la falta de democratización que muestra la policía como agencia pública.

BIBLIOGRAFÍA
Rodolfo Walsh- Operación Masacre- Ed. De la Flor
Miguel Bonasso- El Palacio y la Calle-Crónica de insurgentes y conspiradores- Ed. Planeta
Archivo Secretaría DDHH de la Nación
Archivo Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional CORREPI
Archivo Centro de Estudios Legales y Sociales CELS
Archivo CeProDH
Archivo diario Clarín
Archivo diario Página 12
Archivo diario La Nación
Diario El Sol
Diario Perspectiva Sur

1 - Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fueron víctimas del gatillo fácil de la policía bonaerense, el 26 de junio de 2002, en una jornada de protesta de varias organizaciones piqueteras (Bloque Piquetero Nacional, Coord.. Aníbal Verón, MIJD, Barrios de Pie) en el que se intentó cortar el Puente Pueyrredón, hecho que fue brutalmente reprimido por un operativo multifuerza (policía federal y bonaerense, prefectura y gendarmería). Cuando huían de la manifestación perseguidos por un grupo de policías, Darío y Mariano fueron asesinados dentro de la estación de tren de Avellaneda por el comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Los hechos tuvieron marcada repercusión porque fueron fotografiados en secuencia por reporteros gráficos y luego difundidos en los medios masivos de comunicación. En dicho contexto, el presidente Eduardo Duhalde, tuvo que adelantar la fecha de entrega del poder. Los autores materiales fueron procesados por doble homicidio y tentativa de homicidio. Actualmente, se encuentran detenidos.
2 - Datos registrados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
3 - Datos proporcionados por CORREPI (Coordinadora Contra la represión Policial e Institucional)
4 - Crónica y Página 12: 31 de enero de 2003. La nación: 1 de enero de 2003. Clarín: 1 de febrero de 2003.
5 - Ramón Bouchón, torturado y muerto en la comisaría, por los policías de San Nicolás Héctor Brindo y Benissio Gómez, el 11 de marzo de 1993. Condenados por el delito de tortura seguida de muerte a prisión perpetua.
6 - Omar Sargiotti, de 48 años. Torturado y muerto en la comisaría el 12 de diciembre de 1990, en Cordoba. El policía Ramón García Avila fue condenado a prisión perpetua y Mario Pistrini, Eduardo Chini Héctor del Valle Molina, Juan Carlos Ortega, Carlos Bustos, Raúl Sosa y José Pérez a 8, 7,4,3 ½ años de prisión respectivamente. Ya están en libertad y varios nuevamente imputados en otra causa por torturas contra un comerciante de apellido Huber.
7 - Jorge Alfredo Figueredo, de 19 años, fue detenido, torturado y muerto en la comisaría 2° de Venado Tuerto, el 5 de febrero de 1995. Los policías Ojeda y Garay fueron condenados a cadena perpetua por tortura seguida de muerte, el comisario Juan Kauffmann a 4 años de prisión y otros siete policías a penas menosres.
8 - Juan “Fredy” Pazos, secuestrado para sacarle información, es torturado y muerto en Viedma, Río Negro, el 13 de agosto de 2000. Los suboficiales Richard Galván y Pablo Morales fueron condenados a prisión perpetua por tortura seguida de muerte.
9 - Sergio Gustavo Durán de 17 años fue detenido ilegalmente y torturado hasta morir en la comisaría 1° de Morón, el 6 de agosto de 1992. el oficial subinspector Fernández fue condenado a prisión perpetua en 1995. El subcomisario Miguel A. Rogido, el subinspector Luis Farese y los cabos Gastelú y Nicolisi estuvieron varios años prófugos en sus casas. Rogido y Gastelú fueron detenidos en 1996 por investigación de la familia y de la prensa, Farese en 1997 y Nicolisi en 1998. Farese se fugó de la comisaría vestido de policía en febrero de 1998. Gastelú y Rogido fueron excarcelados por la Cámara de Morón porque pasaron más de 3 años presos sin que la misma Cámara fijara fecha para el segundo juicio oral. Farese sigue prófugo y Nicolisi sigue detenido a la espera del juicio.
10 - Cristian Campos, de 16 años, fue detenido el 2 de marzo de 1996 en Mar del Plata, mientras hacía un mandado. Fue encontrado 6 días después con 6 tiros de itaka y quemado. El sargento Eduardo Jurado y los cabos Jorge Guiguet y Claudio Ciano fueron condenados a prisión perpetua mientras el agente Marcos Rodríguez a 15 años de prisión como partícipe secundario.
11 - Miguel Bru, de 23 años, estudiante de periodismo, fue detenido ilegalmente y torturado en la comisaría 9° de La Plata, el 17 de agosto de 1993. Su cuerpo nunca fue hallado. El subcomisario Walter Abrigo, y el sargento Justo López fueron condenados por tormento seguido de muerte. López siguió excarcelado mientras la Corte Suprema Provincial resolvía el recurso de la defensa. Recién fue detenido en noviembre de 2000. El comisario Juan Domingo Ojeda, fue condenado a una pena excarcelable por omisión de vigilancia.
12 - Extracto de la convocatoria realizada por Familiares y organismos de DDHH, al acto público contra la violencia, realizado el 21 de octubre de 2002.

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR VALERIA DE LA VEGA, ALUMNA DEL CURSO DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN DE PERIODISMO.NET

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