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Otro profundo trabajo de Investigación realizado por un alumno del Curso de Periodismo de Investigación que se dicta en Periodismo.net

(Por Federico Türpe) Este trabajo intenta demostrar que las 21 muertes confirmadas de niños tucumanos por desnutrición, durante 2002 y principios de 2003, no se debieron a un desastre natural inevitable, como consecuencia de variables macroeconómicas y sociales a gran escala, sino que hay responsables directos en la provincia, cuyo máximo referente político es el gobernador, Julio Miranda. Los cargos que aquí se le imputan son: abandono de persona; incumplimiento de los deberes de funcionario público; corrupción en el manejo de los fondos del Estado; peculado; desvío de dinero; utilización política de los planes sociales y sanitarios; compra de voluntades; amenazas; agresiones y actos mafiosos sobre la prensa y otros actores políticos y sociales; operaciones de prensa encubiertas; control de la Justicia; ignorancia e incompetencia para ejercer el cargo, falsedad; inhabilidad moral y ética; entre otras acusaciones.

Es importante aclarar que en ese lapso se produjeron otras tantas decenas de fallecimientos probados que fueron disimulados bajo el nombre de otras causas de decesos, derivadas directamente del hambre.

La bomba explotó en Las Palmeras, un barrio que está ubicado junto al nauseabundo canal Sur, que atraviesa la capital tucumana, y que fue inaugurado a mediados de los 90 por el entonces gobernador Antonio Bussi, ex represor con pedido de captura internacional por los cargos de genocidio, desaparición de personas y torturas, contra más de 800 individuos, durante la última dictadura argentina.
El diario La Gaceta de Tucumán informó el 13 de noviembre de 2002 que cuatro niños habían muerto por desnutrición. La noticia se reportó de manera casi fortuita. Un grupo de periodistas de distintos medios fue a cubrir una protesta vecinal en un Centro Asistencial Primario para la Salud (CAPS) ubicado en Las Palmeras. Cuando llegaron al CAPS “Corazón de María” descubrieron que la gente estaba enardecida. Reclamaban que los médicos habían dejado morir a una nena de seis años, Rosa Gómez, que pesaba tan sólo nueve kilos. En su defensa, los profesionales tuvieron que reconocer que les había sido imposible salvar a la niña porque padecía desnutrición en tercer grado, el más grave de los estados.
El presidente del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), Juan Masaguer, experto además en emergentología, se apuró en informar que en esa semana habían fallecido otros tres chicos por la misma causa: desnutrición. Sus nombres eran Héctor Di Benedetti, de cinco años, Miriam Campero, de dos, y Brian Jesús Herrera, de pocos meses de vida.
Tucumán ya venía siendo noticia por el hambre de sus chicos desde principios de 2002. El caso más resonante fue el de Barbarita Flores, una niña de ocho años que en abril se había desmayado en su escuela porque hacía dos días que no comía. Al de Barbarita le siguieron otros casos que alcanzaron trascendencia nacional, pero no se había tenido conocimiento de fallecimientos por hambre hasta ese momento.
Con la muerte de Rosa Gómez y de los otros tres niños el desastre recién comenzaba. Médicos de toda la provincia, sobre todo los afectados a los pueblos más pobres del interior y al cordón de miseria que rodea a la capital, comenzaron a abrir un paraguas de papel para detener una tormenta de granizo. Empezaron a revelar que los desnutridos se contaban por miles; que todos los días recibían niños al borde de la muerte y que, con los escasos recursos con que contaban -humanos y presupuestarios-, era imposible contener el descalabro, que ya se insinuaba como una matanza sin matador a la vista.
Los profesionales estaban en una encrucijada muy compleja que, incluso, puso en riesgo la vida de varios de ellos. Cuando el tema alcanzó estado público y mucha gente tomó conciencia de que esas muertes no eran naturales ni tampoco fruto de un cataclismo, hubo levantamientos populares, con linchamientos incluidos, en CAPS y en hospitales de Santa Ana, Medinas, Concepción, Alderetes y Bella Vista, entre varios otros lugares de Tucumán donde aparecían niños muertos a causa del hambre.
El desenlace es más conocido por todos. Intervino el Gobierno nacional, con su publicitado y proselitista “Operativo Rescate”, que encabezó la por entonces primera dama Hilda González de Duhalde. Tras realizarse un relevamiento sanitario conjunto entre la Nación y la Provincia se pudo cuantificar la catástrofe. En Tucumán había al menos 22.000 familias con niños menores de 12 años con desnutrición de segundo y de tercer grado. Se conoció que sobre una población de 1,4 millón de habitantes, más de 900.000 eran pobres y que entre ellos, 460.000 tenían sus necesidades básicas instatisfechas. Es decir que al 27% de la población no le alcanzaba el dinero para comer, vestirse, curarse y educarse. Se supo además que 180.000 tucumanos sobrevivían con menos de $ 1 por día. También, que el 48% de los bebés que nacían en hospitales públicos (14.000 por año) carecían de Documento Nacional de Identidad. Esto último, conocido por el Gobierno pero hasta ese momento ignorado por la opinión pública, les había posibilitado a las autoridades “dibujar” mejores cifras con respecto del cuadro socio-sanitario de la niñez, ya que la mitad de los recién nacidos, todos ellos de los sectores marginales, no eran incluídos en las estadísticas de la miseria.
Este sondeo fue realizado por un equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Tucumán, bajo la supervisión de Unicef, coordinado por la licenciada Graciela Salazar. Colaboraron el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el SIPROSA y los ministerios de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, y de Desarrollo Social, en ese entonces bajo las órdenes de Nélida Doga.

Esa hambruna inevitable
A propósito de la forma que tienen los medios de comunicación de presentar la probreza en el mundo, el periodista polaco Ryszard Kapuscinski opina: “La primera manipulación consiste en presentar la pobreza como sinónimo del drama del hambre. Pero dos tercios de la humanidad viven en la miseria a causa de un reparto no equitativo de las riquezas en el mundo. La hambruna, en cambio, aparece en ciertos momentos y en regiones muy precisas, pero es generalmente un drama de dimensión local. Además, sus causas se deben, la mayoría de las ocasiones al clima, a cataclismos como la sequía o las inundaciones, y, a veces, también a las guerras. Hay que añadir que los mecanismos de lucha contra el hambre, en tanto que plaga imprevista y puntual, son relativamente eficaces. Para combatirla, se utilizan los excedentes alimentarios de que disponen los países ricos y se los envía masivamente allí donde la necesidad se deja sentir. En cambio, no se ha pronunciado ni una palabra sobre la necesidad de erradicar la miseria mundial…”
Kapuscinski también analiza que la segunda estratagema de los manipuladores de la miseria es presentarla en emisiones de carácter geográfico, etnográfico o turístico, propio de zonas exóticas. Y que“la última artimaña de estas manipulaciones –añade el polaco- consiste en mostrar a la miseria como un dato estadístico, un banal parámetro del mundo real. Esta manera de ver la miseria la condena a perpetuidad; el ser humano no puede así sentirla más que como una amenaza para la civilización, dado que necesita aprender a vivir con ella”.

Sin terremotos bajo los pies
En Tucumán no hubo cataclismos, sequías, inundaciones ni guerras que justificaran una hambruna generalizada. Si hubo, en cambio, políticas económicas, básicamente a partir de la década del 60, cuando el general Juan Carlos Onganía cerró 11 ingenios azucareros y más de 200.000 tucumanos quedaron sin trabajo, lo que sin dudas empobreció a la población, pero no alcanzó a provocar hambrunas generalizadas, como se demostrará más adelante (“Un estudio clave”).
Esta situación se profundizó durante la década del 90, con la implementación de políticas neoliberales que propició el ex presidente Carlos Menem, ya que se amplió la brecha entre ricos y pobres, según lo demuestran numerosos estudios sociológicos oficiales e independientes. Pero ni aun estos desaciertos “administrativos” son suficientes para justificar la muerte de niños por hambre en una de las provincias más ricas por metro cuadrado del país, tal cual lo consigna el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y pese a que la distribución de la propiedad y de la riqueza es una de las más concentradas de la Argentina.
La respuesta, tan sencilla como bochornosa, tal vez empiece a encontrarse en el manejo de las arcas públicas. En 2002 Tucumán recibía (hoy el monto es superior) más de dos millones de pesos mensuales de la Nación en concepto de ayuda alimentaria. A ello debían sumarse unos 250.000 pesos del plan Copa de Leche, que aportaba la Caja Popular de Ahorros, y una cifra similar que administraba la Secretaría de Desarrollo Humano. También, la Provincia recibía, desde comienzos de 2002, cerca de 100.000 planes para Jefas y Jefes de Hogar, lo que representaban un ingreso de unos 15 millones de pesos por mes. En total, llegabann a Tucumán más de 17 millones de pesos mensuales en planes sociales de todo tipo.
Un informe oficial de la UNT confirma que aún hoy -agosto de 2003-, el 65% de las familias con niños desnutridos censadas por la Nación no percibe ningún tipo de asistencia del Gobierno, casi un año después de que se conocieron las primeras muertes.
Por otro lado, el dinero que supuestamente distribuye la Secretaría de Desarrollo Humano entre los comedores infantiles, a razón de $ 1 diario por niño, alcanzaría para alimentar a por lo menos 75.000 chicos, más de tres veces el número de desnutridos menores de 12 años detectados por el relevamiento oficial.
A estos fondos deben sumarse otros 18 millones de pesos que fueron enviados a la provincia entre enero y noviembre de 2002, destinados a mejoras de viviendas marginales, con piso de tierra, que no tienen sanitarios, agua potable, cloacas, luz ni gas. Con ese dinero, según comprobó la diputada nacional republicana Dellia Pinchetti de Sierra Morales, se podrían haber mejorado casi 3.000 viviendas, a razón de $ 7.000 cada una. Sin embargo, durante la gestión de Julio Miranda no se erradicó un solo rancho de la provincia, y su política habitacional sólo estuvo concentrada en casi un único plan de vivienda conocido como “Lomas del Mirador”, con el que se proyectaba construir 5.000 casas. El fallido plan hoy constituye uno de los mayores escándalos de corrupción de su gestión. El caso está siendo investigado por la Justicia, luego de que la Provincia compró terrenos en la zona de Tafí Viejo, al Banco Empresario de Tucumán, por valor de 12 millones de pesos, cuando pocos meses antes el mismo banco había adquirido esas tierras por sólo ocho millones de pesos.

Demasiados expedientes
Entre las más de 400 causas penales por malversación de fondos que tuvo a su cargo el ex fiscal anticorrucpión Esteban Jerez figura la desaparición de $ 460.000 destinados al Programa Social Comunitario (POSOCO). Por este delito estuvo imputado y detenido el ex secretario general de Desarrollo Humano, José Luis Carrizo. Además de Carrizo la Justicia ordenó el arresto de otro funcionario, Juan Carlos Ledesma Posse, quien estuvo varios meses prófugo, durante los cuales además se denunció la desaparición de valiosas pruebas, documentos oficiales y contables, según consta en los expedientes judiciales. Por este hecho también fue imputado el ex titular de Desarrollo Humano, luego ministro de Gobierno y actual vicegobernador electo, Fernando Juri. En diciembre de 2002 el juez Juan Carlos Tártalo archivó la causa.
El ex fiscal Jerez también pidió que se acuse al gobernador por el presunto pago de coimas a legisladores provinciales, con el fin de que aprueben la reforma de la Constitución provincial, lo que iba a permitir la reelección de Miranda, posibilidad que hoy no contempla la Carta Magna. La esposa del legislador Mariano Poliche, ex bussista, Alejandra Ducca, declaró ante Jerez que su marido había recibido 200.000 pesos para aprobar la reforma, y que en una conversación que tuvo lugar en su casa, su esposo habló con algunos de sus pares acerca de cómo se iban a repartir dos millones de pesos en Lecop que el gobierno de Miranda ofrecía a una veintena de parlamentarios adictos.
El juez Víctor Pérez no hizo lugar a los dichos de la principal testigo de la causa, por considerar que hubo vicios procesales en la declaración indagatoria tomada por la Fiscalía. Entre las fallas citadas se dijo que faltaban firmas en el acta de declaración. En medio de un escándalo público de tremendas dimensiones, Ducca finalmente terminó negando todo ante el juez Pérez. El magistrado tomó por válida esta última declaración y anuló la anterior, en donde se contaba, por ejemplo, entre quiénes habían sido repartidos los dos millones de pesos en Lecop y cuánto había recibido cada uno.
Jerez también investigó el destino de $ 103 millones enviados por la Nación a Tucumán entre 1990 y 1999, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. La mayoría de estos fondos fue gestionada por Miranda mientras era senador nacional, y administrados por gente de su máxima confianza, legisladores, intendentes o delegados comunales. Entre estos dineros figuran alevosas inversiones, como por ejemplo dos millones y medio de pesos destinados a la pavimentación de calles de un pueblo, Garmendia, ubicado al este de la provincia, que hoy sólo posee unas pocas cuadras asfaltadas, la misma cantidad que tenía antes de recibir el millonario ATN. Ese dinero fue girado entre 1995 y 1999, cuando el comisionado rural era José Gutiérrez, hoy legislador mirandista. Otra causa similar recayó sobre el legislador peronista David Padilla, por el envío de $ 2,4 millones al municipio de Burruyacu, cuando Padilla era intendente de esa ciudad.
La influencia de Miranda, aun antes de ser gobernador, siempre fue evidente. El impuso el nombre de Julio César Aráoz como interventor de la provincia en 1990 y también fue quien viajó a buscar a Ramón “Palito” Ortega a Miami, para convencerlo de que aceptara ser candidato a gobernador. El era –para Miranda y para gran parte del peronismo- la única persona que podía ganarle a Bussi, lo que efectivamente ocurrió en 1991.

Comedores infantiles
En 1999 fue el propio Miranda el que se puso al frente del Poder Ejecutivo provincial, cuando ganó las elecciones y pasó a controlar de manera mucho más directa los fondos sociales, tanto nacionales como provinciales.
Jerez también investigó el desvío de más de medio millón de pesos mensuales, durante dos años, que deberían haber sido destinados a comedores escolares de la provincia. Por esa causa fue detenido el director de asistencia Social Educativa del Ministerio de Educación, el psicólogo César Suedan, quien actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. Ese dinero nunca apareció y a la vez se comprobó que el patrimonio personal de Suedan no había crecido de forma llamativa durante su gestión, por lo que se presume que fue apenas un gestor de otros más poderosos.
Otra causa que terminó con un funcionario en la cárcel, liberado poco tiempo después, y que conmovió a todo un pueblo porque estalló en medio del escándalo del hambre, fue la que involucró al delegado comunal de San Pablo, una localidad ubicada a unos 20 kilómetros de la capital tucumana, donde también murieron dos niños desnutridos. La Justicia ordenó la detención del delegado Daniel Castro, luego de que una auditoría del Tribunal de Cuentas, con filmaciones incluidas, comprobó que cinco de los nueve comedores infantiles que funcionaban en San Pablo habían estado cerrados la mayor parte de los meses de 2002, cuando la comuna recibía cerca de $ 10.000 mensuales para asistirlos. Días después de la detención de Castro desaparecieron expedientes y díscos rígidos de las computadoras de la Secretaría de Desarrollo Humano, mientras estaba a cargo de Mercedes Benítez (la quinta titular de esa cartera en un año), funcionaria de máxima confianza de Miranda, también imputada en la causa, porque antes había sido coordinadora de Integración Social y, como tal, responsable de autorizar los libramientos de fondos a los comedores. Benítez admitió ante la prensa y, luego ante la Justicia, que conocía los informes que indicaban que en San Pablo los comedores estaban cerrados, pero nunca supo responder por qué continuó autorizando el envío de dinero a ese pueblo.
En Tucumán hay más de 90 comunas rurales que reciben cifras millonarias en asistencia, enviadas por la súper Secretaría de Desarrollo Humano. Más del 50% de los comedores pertenecen a fundaciones, cuyos titulares figuran en las listas de las boletas electorales.
Aunque es anecdótico, dos periodistas fueron golpeados en los pasillos de Tribunales por custodios del delegado de San Pablo cuando investigaban este caso. Castro, quien estuvo varios días prófugo antes de presentarse ante la Justicia (en su casa, según informes policiales), es hijo del intendente de la ciudad de Lules, Luis Roberto Castro, ex legislador provincial (ahora nuevamente legislador electo), y de la actual legisladora Lilia Ramirez de Castro. Está casado con Valeria Cuello de Castro, empleada de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, quien hoy se encuentra adscripta a la Legislatura, donde trabaja con su suegra, Lilia. El hermano del comisionado detenido, David Castro, es secretario de Obras Públicas de Lules, ciudad ubicada a pocos kilómetros de San Pablo, y su esposa, Ana Sofía Abregú de Castro, también trabaja en la Caja Popular y es presidenta de la sede partidaria de Lilia Ramírez, en Lules. Otro hermano, Aldo Castro, es asesor de la Caja Popular y el sobrino del intendente, José Castro, es jefe de prensa de la Municipalidad de Lules.
El jefe de la familia, Luis Roberto Castro, forma parte de la mesa chica de decisiones del gobernador Miranda y por eso accedió ahora a una nueva banca. La Caja Popular de Ahorros de los Castro, uno de los principales entes recaudadores, le debía el año pasado más de nueve millones de pesos al Sistema Provincial de Salud.
Contar todas las denuncias, probadas y no, contra la gestión de Miranda, sería imposible en este trabajo, ya que de las más de 400 causas que ingresaron a la Justicia cerca de 100 se refieren a fondos destinados a ayudas sociales.
Es importante destacar que entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2002 la Provincia destinó $ 600.000 para pagar salarios al personal de la polémica Secretaría de Desarrollo Humano.

La “caja única”
Una semana después de desembarcar con su “Operativo Rescate” en la provincia, Hilda de Duhalde denunció que la Nación había detectado que al menos el 17% de los planes Jefas y Jefes de Hogar estaban mal asignados en Tucumán, fruto de “irregularidades en su distribución”.
Pero, a pesar de esto, la ex primera dama y algunos de sus funcionarios dijeron que la verdadera razón que podría haber desatado el drama del hambre en Tucumán habría sido la creación de la “caja única”, creada por el ex ministro de Economía de Miranda, José Alperovich, actual gobernador electo de la provincia. Curiosamente, Hilda de Duhalde se alojó en la casa de Alperovich cuando vino a Tucumán a comandar el “Operativo Rescate” y fue en ese mismo domicilio desde donde disparó contra la “caja única”. Faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales, pero tal vez porque el precio de esta alianza podría haberle costado demasiado caro, más adelante, en el viaje posterior a las denuncias que hizo contra la “caja única”, Hilda de Duhalde y sus asistentes durmieron en un hotel.
El sistema de la caja consistía en que los fondos de todos los organismos del Estado, cada uno de los cuales contaba hasta ese momento con presupuesto propio, fueran a parar a una sola cuenta, denominada “caja única”, que supervisaba, administraba y distribuia discrecionalmente una sola persona: el ministro de Economía Alperovich.
Hilda de Duhalde admitió que la “caja única” impedía controlar los fondos sociales enviados desde la Nación, y también que por esa cuenta se había desviado dinero destinado a la asistencia social, a la educación y a la salud, lo que terminó provocando el abandono de miles de familias necesitadas, según palabras de la propia señora.
El 27 de noviembre, el diputado nacional José Ricardo Falú, presidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, dijo: “hay un conjunto de ladrones que del modo más impúdico se apoderó del dinero para los niños necesitados”. Luego solicitó la intervención federal de la provincia. Se adhirieron a este pedido los diputados nacionales tucumanos Carlos Courel y José Vitar. Al día siguiente, el senador nacional de Fuerza Republicana, Pablo Walter, solicitó la intervención de la provincia, lo que fue rechazado luego por Duhalde.

Un archivo para los juicios
El tercer pedido de juicio político contra el gobernador Miranda lo realizó el abogado Pablo Bayo, el 4 de diciembre de 2002, aunque finalmente la acusación, como las anteriores, fue archivada por la Legislatura. Bayo acusó a Miranda de “abandono de persona”, amparándose en el artículo 35 de la Constitución, que obliga al Poder Ejecutivo a brindar “especial atención” a la niñez y que, según el Código Penal, establece penas de tres a 15 años de prisión al que “pusiera en peligro la salud o la vida de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse por sí misma, que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado”. Estas penas, según el Código Penal, se agravan cuando se trata de niños huérfanos, abandonados o quienes por su condición social están a cargo del Estado.
El 27 de noviembre, siempre del mismo año, la Legislatura había archivado otros dos pedidos de juicio político contra Miranda en menos de 24 horas. En un caso se trataba de una acusación del juez penal Víctor Perez por supuesto cohecho. El otro planteo había sido presentado por cinco ONG e incluía desde concesiones indebidas en licitaciones, hasta agresiones y amenazas por parte de grupos de choque del Gobierno contra manifestantes en su contra. Entre ellas, figuraba la quema de 70.000 ejemplares, sobre una edición de casi 100.000, de una edición dominical del diario La Gaceta. En ese atentado actuaron grupos armados claramente mafiosos, fácilmente identificados con el Gobierno por numerosos testigos.
Estas causas, que también investiga la Justicia, ingresaron en la Cámara el martes 26 de noviembre y los legisladores comenzaron a tratarlas en la sesión del miércoles 27, que se inició a las 14.30. Una hora después, a las 15.30, ya habían sido archivados los dos pedidos de juicio político, sin que haya mediado debate alguno.
Pocos días más tarde, el 1 de diciembre de 2002 el dario La Nación informó que la comsión bicameral de la Legislatura bonaerense investigaba el otorgamiento irregular de un crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires a Miranda, por $ 338.000, que recibió en nombre del Partido Justicialista, el 4 de junio de 1999, dos días antes de la elección que lo había consagrado gobernador. Varios legisladores bonaerenses calificaron de asombrosa la celeridad con que se otorgó el préstamo, ya que el mismo día en que el PJ autorizó a Miranda a gestionar el crédito, el Banco aprobó la operación. Apenas unas horas antes, el entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, había participado en Tucumán de una caravana proselitista junto a Miranda. No se conocen pruebas de que durante ese acto se haya acordado y se haya resuelto el préstamo. Para la historia, como tantos otros hechos, será sólo una enorme coincidencia.

Se llenan las cárceles
El 30 de noviembre de 2002 fue detenido el gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación en Tucumán, Mario Avila, por orden del juez federal, Felipe Terán, acusado de cobrar comisiones en la entrega de planes de Jefas y Jefes de Hogar a los beneficiarios. Otras dos personas de esa repartición fueron arrestadas días después.
Las Organizaciones No Gubernamentales Food First Information & Action Network y Servicios de las Iglesias Evangélicas de Alemania denunciaron en mayo de 2003 al Gobierno tucumano ante la Organización de las Naciones Unidas, por abandono de personas y como responsable de la muerte de niños por desnutrición.
La Justicia Federal investiga a la dirigente del Movimiento de Jubilados y Desocupados de Acheral, Inés Amaya de Vázquez, por el suspuesto cobro de coimas a beneficiarios del plan de Jefas y Jefes de Hogar. El fiscal Emilio Ferrer tiene a su cargo tres denuncias, a la vez que el fiscal Carlos Brito investiga otras 11 causas. Los dirigentes sociales de Tafí Viejo Marcos Flores y Jorge Murillo agregaron una nueva denuncia en la Fiscalía de Ferrer, para que se investigue a 49 beneficiarios de esa ciudad que habrían sido mal incluidos en los padrones, ya que todos tendrían trabajo.

Abandono del Estado
Quien era director del Hospital de Niños en el momento del escándalo, Lorenzo Marcos, y los subdirectores Oscar Hilal y Graciela Lavado, denunciaron públicamente decenas de veces que el Gobierno había abandonado, política y financieramente, al sistema de salud provincial y que en realidad poco y nada se había hecho para detener la desnutrición, pese a las reiteradas advertencias de los médicos realizadas a través de documentos públicos.
La mejor prueba de lo que afirmaron tantas veces los médicos está en que aún hoy el número de niños desnutridos internados en el Hospital de Niños sigue siendo igual al del año pasado e ingresa cada semana la misma cantidad: alrededor de 40 chicos. Peor aun es el hecho comprobado de que en mayo de 2003, seis meses después de que se denunciaron las primeras muertes por desnutrición en Tucumán, las 21 familias que habían padecido decesos de niños seguían en idénticas condiciones de abandono.
A pesar de haber sido el centro mediático del escándalo y el caballito de batalla de las campañas proselitistas del Gobierno, una investigación periodística demostró que sólo nueve de las 21 familias reciben algún plan social y que siete de esas madres están nuevamente embarazadas, pese a que no cuentan con medio alguno para alimentar a sus hijos. Son los casos de René Campero, del barrio Nueva Esperanza, en Tafí Viejo; de Liliana Villa de Herrera, de Monte Grande, Famaillá; de Filomena Luna, de Colonia 4, San Pablo; también de Roxana de Benedetti, de Villa Triángulo II, en Villa Carmela; de María Cecilia Ruiz, quien vive junto al basural de Los Vázquez, en la capital; de Pablo Gómez, del asentamiento las Palmeras, ubicado a la par del Canal Sur, también en la capital.
No hace falta imaginar cuál es la situación actual de las otras 22.000 familias de desnutridos detectadas por el relevamiento del Estado, que no llegaron a tener trascendencia pública, ni tampoco en qué condiciones vive el otro medio millón de indigentes en Tucumán.

Punteros políticos
El médico de la fundación “Médicos en Catástrofes Solidarydar”, Walter Bonifazio, llegó a Tucumán en el peor momento “mediático” de la desnutrición. Tenía instrucciones de la organización de realizar un minucioso relevamiento de la situación tucumana. Bonifazio contaba con la experiencia suficiente para ello, ya que que había estado cuatro años en Ruanda, dos en Zaire y había sido jefe de misiones asistenciales en Kosovo, en 1999. Después de rastrillar los barrios carecientes 20 de Junio, Alberdi, Ex Aeropuerto, Santa Teresita, San Cayetano y Juan Pablo I, Bonifazio declaró: “no existe organización posible para asistir a esta gente, porque todos los centros vecinales están dirigidos por punteros políticos con los cuales la gente no se identifica ni quiere integrarse”. Bonifazio fue contundente. Dijo: “urge construir una red social paralela a la de los aparatos políticos, porque los medicamentos, los alimentos y el dinero no llegan a los marginados”.
Uno de los jefes de guardia del Hospital de Niños, Ramiro Casafranca, secundado por una decena de médicos, entre ellos Cecilia Chocobar, Verónica López y Adrián Vallejo, reclamaron desesperados, el 3 de diciembre de 2002, día en que falleció Julieta Díaz, una niña desnutrida de El Naranjito, departamento de Burruyacu: “hoy recuperamos a un desnutrido y a la semana ya está de vuelta en el hospital, porque no reciben ningún tipo de asistencia del Estado”. Casafranca aseguró que “están robándose el dinero porque al hospital no llegan los fondos que dice el Gobierno que envía”.
La colaboradoras voluntarias del “Operativo Rescate” de la ciudad de Concepción, Mercedes Carrizo, Carmen Ledesma, Rosa González, Nelly Olea y Adelma Díaz, sin filiación política conocida, denunciaron el 22 de abril de 2003 a la ex concejala bussista y ex candidata a lesgisladora peronista Nora de Figueroa, también coordinadora del Operativo en esa ciudad, de haber fraguado documentación para obtener más de 3.000 cajas de mercadería, medicamentos y leche que nunca llegaron a los empadronados. Las colaboradoras señalaron que los beneficios, tramitados ante la Dirección de Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Claudio Cinalli, habían sido repartidos en la última elección, utilizando nombres sacados de los padrones electorales. Esta denuncia también se investiga hoy en la Justicia.
Amanda Villagra , enfermera del CAPS de San Cayetano, ubicado en Luis Agote al 400, en la capital, reveló que durante varios meses se habían vendido bonos contribución con sello oficial y que las rifas siempre eran suspendidas antes del sorteo.

Corrupción fenomenal
En noviembre de 2002 se suspendió el cobro del bono hospitalario, creado con el fin de comprar insumos médicos, cuando se detectó que se utilizaban 300.000 pesos por mes de esos fondos para pagar sueldos. Sin embargo, nadie explicó a dónde iban a parar los 300.000 pesos que se descontaban de la planilla salarial oficial, ya que los haberes de los empleados de la salud en realidad se estaban abonando con la recaudación de los bonos.
Ese mismo mes, el médico Sergio Vargas, jefe del área Programática Sur del SIPROSA, manifestó, documentación en mano, que la Provincia les adeudaba a los centros asistenciales de Concepción, Aguilares, Alberdi y La Cocha, más de 300.000 pesos. El médico también dijo que el hospital de la localidad de Medinas no recibía ningún recurso desde tres meses atrás y que las guardias de ese hospital y del de Santa Ana estaban sin jeringas, algodón ni gasas, los insumos más básicos, también desde hacía tres meses atrás. Otro médico, del hospital de Santa Ana, José Ceballos, una de las localidades con el mayor índice de desnutrición, dijo: “la corrupción es fenomenal, porque en los expedientes figuran libramientos para este hospital y aquí hace meses que no llega nada”.
El nuevo ministro de Salud, Enrique Zamudio, quien había asumido 33 días antes, luego de estas declaraciones, el 20 de noviembre de 2002 admitió: “es verdad lo que dice Ceballos; hay una gran corrupción en los dirigentes políticos y no sé a dónde van los fondos”.
Dos días después, Guido Caniparolli, director del hospital de la ciudad de Ranchillos, ubicada a 20 kilómetros al este de la capital, denunció que las cajas que enviaba la Nación y que eran luego distribuidas por la Provincia llegaban abiertas, con faltantes de mercadería y con alimentos en mal estado.
Histórica fue la frase de la ex funcionaria nacional Doga cuando, después de reunirse por primera vez con Zamudio, declaró: “si los políticos siguen manejando de esta forma los fondos asistenciales, en vez de contar votos van a contar muertos”.

El boletín
Otra causa judicial que enfrenta el Gobierno tucumano, ahora en poder de la Corte Suprema de la Provincia, surge luego de que se demostró que muchas leyes promulgadas no fueron publicadas en el Boletín Oficial. Entre ellas, la creación del Consejo Provincial de la Mujer; la modificación del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo y la obligatoriedad del examen de rinoscopia (que detecta el consumo de cocaína) para legisladores y funcionarios.
También, el dirigente sindical de obreros del surco, Antonio Aguirre, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción pruebas de que Miranda había entregado 4.000 planes de Jefas y Jefes de Hogar al secretario general de la FOTIA, Roberto Palina, y dijo que los desocupados de la localidad deVilla Quinteros no recibían planes desde hacía tres años, a pesar de que los reclamaban en forma constante.
Muchas causas terminaron en la Corte Suprema de Justicia y allí murieron, pese a que los jueces no pocas veces se esmeraron en hacer “gestos” de sensibilidad social hacia la sociedad. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2002 el presidente del máximo tribunal, Héctor Eduardo Area Maidana, firmaba una orden al jefe de los fiscales, el ministro fiscal Luis de Mitri, en la que decía: “tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que en carácter urgente informe sobre fiscalías intervinientes y diligencias adoptadas ante la gravedad de la situación sanitaria de la provincia, por el estado de desnutrición, y ante la posible comisión de delitos por acción u omisión, o por comisión por omisión”.

Un estudio clave
El especialista en población e investigador del CONICET Alfredo Bolsi argumentó que el comportamiento de las elites o clases dirigentes condiciona el mapa de la pobreza y de la mortalidad infantil en una región. Bolsi es miembro de la Academia Nacional de Geografía y del Instituto de Estudios Geográficos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y autor, junto con Patricia D´Arterio, del informe “Población y azúcar en el NOA, mortalidad infantil y transición demográfica durante el siglo XX”.
Bolsi afirma que una de las razones por las que son abismales las diferencias socioeconómicas entre la región pampeana y el NOA es el rol que tiene la educación en las estructuras sociales. A propósito de esto, Miranda acaba de ser intimado por la Suprema Corte de la Nación (12 de agosto de 2003) a implementar la Ley Federal de Educación antes de 2004, ya que la Provincia nunca aplicó ese programa, bajo el argumento de limitaciones presupuestarias. Por esa razón, ya han quedado afuera del sistema educativo nacional cerca de 50.000 adolescentes, solamente en la actual gestión. La importancia de esto radica en que una de las pocas respuestas que el gobernador Miranda dio en su momento al problema del hambre fue que los chicos desnutridos se morían por falta de educación de sus padres, quienes por ignorancia los abandonaban, cuando su propia administración posee los peores índices educativos a nivel nacional, según los últimos datos difundidos por el INDEC.
La otra respuesta de Miranda a la sociedad fue que el drama de la desnutrición se inició en la década del 60, con el cierre de los ingenios. Este argumento, si fuera cierto, complicaría aun más su situación, porque estaría admitiendo que conocía la situación y sería doblemente responsable de no haber previsto los fondos necesarios (que siempre existieron) para evitar la muerte de niños. Además, en las planillas del Hospital de Niños consta que el ingreso de pacientes con desnutrición durante la gestión de Miranda, hasta antes de que explotara en los medios el tema, ya se había incrementado del 7 al 18%.
Sin embargo, en su estudio, Bolsi señala que la desnutrición no creció en la provincia luego del cierre de los ingenios en la década del 60, sino que descendió cuantitativamente. El experto demuestra que esto se debió a que hubo una enorme migración de obreros hacia otros territorios (más de 200.000 hombres), lo que a la vez posibilitó que las redes de contención social quedaran bastante más aliviadas en la provincia. “Los hechos prueban que la ingeniería de Miranda estuvo dirigida a mantenerse en el poder, en vez de conservar y mejorar las redes sociales de contención. Las explicaciones que da Miranda de la mortalidad y del hambre son patéticas, como también es patética la búsqueda de razones que no sean su propia irresponsabilidad criminal”, aseguró el científico.
Más allá de todo lo expuesto, ninguna prueba contra Miranda es más contundente que la situación en que se encuentran hoy las familias de los desnutridos, a casi un año de que se conocieron las primeras muertes de niños, y a pesar de que se triplicaron los fondos de asistencia social enviados por la Nación.
Las investigaciones judiciales, poco a poco, se están diluyendo entre miles y miles de expedientes que se apilan en las laberínticas oficinas de los Tribunales. Burocracia, vicios procesales y tiempos que prescriben son algunas de las tantas excusas que se escuchan todos los días en los despachos. Los jueces saben cómo proteger a Miranda. Más de una decena de secretarios, fiscales y magistrados han sido aprecibidos o sancionados por haber denunciado una escandalosa dependencia política de la Justicia, el tercer poder necesario para ocultar la verdad.

Federico Türpe, Agosto de 2003, Tucumán - Argentina

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Categorías: politica