weblog . com . ar

Tercera parte de la exhaustiva investigación sobre el hundimiento del Prestige realizada por un alumno del Curso de Periodismo de Investigación de Periodismo.net como trabajo práctico final del trimestre. Este artículo está dedicado a la cobertura de la catástrofe realizada por los medios de comunicación.
(Por Luis Alamancos Pampín) Después de comprobar las contradictorias declaraciones que se hacían por parte de los responsables gubernamentales frente a lo que parecía ser otra realidad totalmente distinta, la pregunta que nos podemos hacer es obvia: ¿Hubo una descoordinación por parte de las autoridades fruto de la confusión inicial y por tanto las noticias que se facilitaban desde los gabinetes de prensa no eran acertadas, aunque se podía informar con total libertad sobre lo la tragedia? o por el contrario ¿Hubo una malintencionada censura informativa en las televisiones públicas y otros medios controlados con capital estatal?

Desde el principio de la crisis se ha criticado el comportamiento de las autoridades españolas. Una semana después del hundimiento de la nave, el presidente Aznar habló de “alarmismo injustificado”, cuando ya estaba claro que los daños al mar y a la economía de Galicia eran incalculables. Pero lo que más ha enfurecido a voluntarios y pescadores gallegos ha sido la sospecha de que el gobierno de Madrid y el autonómico gallego (ambos del mismo partido político) ocultaban la verdad.

Los medios de comunicación son un instrumento esencial del que se sirven los poderes económicos y políticos para transmitir la versión de la realidad que les interesa en base a sus objetivos. Desde el 13 de noviembre hemos recibido una cantidad de información elevadísima sobre la catástrofe, dada su magnitud, pero una información siempre interesada: tanto para reforzar al PP, como para preparar el relevo del PSOE en el gobierno del Estado.

Sin embargo, hay algunos hechos objetivos que no pasan desapercibidos, sobre todo cuando son los propios profesionales de estas cadenas los que se encargan de denunciarlos. De este modo el Comité de Empresa de televisión española en Galicia TVE-G, acusaba en un comunicado a su director Octavio Rodríguez de “servilismo” y de “presionar periodistas para censurar algunas informaciones”. Asimismo, el Comité lo llama “burdo manipulador” y lo considera responsable por crear en los informativos una “realidad virtual”.

A este comunicado, hay que unir el que el Comité Interempresas de la Televisión y Radio Gallegas CRTVG emitió, solicitando la dimisión del director general de este ente público, Francisco Campos (designado por el propio gobierno autónomo) y el resto del equipo directivo por la información emitida sobre el “Prestige”. El comité denuncia la “manipulación informativa” que se ha dado esto días sobre el suceso del “Prestige”, una práctica que, según asegura, se ha ejercido “de forma permanente”, en los últimos años, por lo que anuncia que pedirá amparo del Valedor do Pobo (el defensor del pueblo gallego). “Lo público no significa institucional y mucho menos gubernamental”, señala la nota de prensa del sindicato de la CRTVG, que recuerda que esto quiere decir que este medio de comunicación “es de todos”.

La postura del Colegio Profesional de Periodistas

El 6 de diciembre el Colegio de Periodistas de Galicia hacía público en Santiago de Compostela el siguiente comunicado:

La Junta de Gobierno del COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE GALICIA, corporación de Derecho Público que agrupa a 1.083 profesionales de la comunicación, desea transmitir a la opinión pública su preocupación por las dificultades que el Gobierno Central y la Xunta de Galicia están poniendo a los periodistas para informar adecuadamente sobre las circunstancias en las que tuvo lugar la deriva y posterior naufragio del petrolero “Prestige” y acerca de la evolución de las sucesivas mareas negras de fuel pesado que de estos hechos se derivaron y están derivándose. El apagón informativo decretado, entre otras, por las autoridades de Marina Mercante con el fin de evitar que los periodistas puedan contrastar diferentes versiones sobre estos hechos y la negativa a suministrar datos que los profesionales se ven en la obligación de recabar de entidades que dependen de los gobiernos francés y portugués constituyen dos ejemplos intolerables del intento que están desarrollando las autoridades españolas y gallegas de someter a los medios de comunicación a su discurso oficial cuando, en los asuntos relacionados con las administraciones públicas, el derecho fundamental de la información debe prevalecer siempre por encima de cualquier restricción que vulnere injustificadamente el principio de la transparencia informativa al que están obligadas.

Una muestra de esta irracional estrategia de la ocultación impulsada por el Gobierno tuvo lugar el pasado miércoles con el cierre a los periodistas del puerto de Aguiño – Ribeira (La Coruña), en una decisión que constituye una flagrante violación del derecho a la información protegida por el artículo 20.1 de la Constitución Española.

El COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA, como entidad obligada a evitar los intentos de limitar el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y de información, mediante actos u opiniones dirigidas a restringir o influir lesivamente en la libre actividad de los medios de comunicación y de quienes trabajan en ellos, quiere mostrar también su preocupación por las consignas impuestas en algunos medios de comunicación de titularidad pública, especialmente Televisión de Galicia y Televisión Española, con el único objeto de condicionar la información para que no resulte perjudicial a los intereses políticos de los actuales gobernantes. La garantía de los derechos de los ciudadanos requiere la defensa de unos medios de comunicación libres, plurales, críticos y abiertos a la sociedad a la que sirven. La importancia de la función social que presta el periodista a través de los medios de comunicación, como elemento principal para el ejercicio de estos derechos, exige salvaguardar permanentemente estos principios de cualquier intento de restricción o coacción procedente de toda forma de poder, así como de su posible degradación, producida por su eventual inobservancia o adulteración por parte de los propios medios o de quienes trabajan en ellos. En su condición de actores principales del ejercicio de un derecho fundamental, del que son depositarios todos los ciudadanos, los profesionales de la información deben desarrollar su función atendiendo al doble compromiso de la responsabilidad, derivada de su importante tarea y del mandato de su propia conciencia, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y con los principios deontológicos de la profesión periodística. La libertad de expresión y el derecho a la información son dos fundamentos substanciales de la sociedad democrática. Los dos son derechos recogidos y amparados por la Constitución. Del vigor, el respeto y la plena vigencia de estos principios depende la existencia de una opinión plural e independiente, requisito indispensable para el buen desarrollo de la vida pública y la plenitud del sistema democrático.

Dos días después el Presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga declara en una entrevista a La Voz de Galicia, que “la prensa ha tenido una amplísima libertad y no ha faltado información”.

La otra realidad

Mientras tanto, los medios internacionales informaban de la catástrofe contradiciendo la información que íbamos recibiendo en nuestro país. El diario portugués Público señalaba que “la situación no le parece preocupar a las autoridades nacionales, que continúan confiando en un rumbo favorable de los vientos”. Radio Nederland, emisora pública holandesa, hablaba de “incompetencia del gobierno español que está llegando a cotas difícilmente superables”.

El 5 de diciembre el dirario Die Tageszeitung, publicaba el siguiente editorial: “Política informativa: el Gobierno español quiere silenciar la marea negra. El Gobierno español piensa que es muy sencillo: intenta silenciar lo que no debe existir. Vio “un poco de fuel” cuando naufragó el petrolero “Prestige”; más tarde negó que el petroleo fuese a llegar a las costas. En las informaciones, las cantidades de fuel derramado se redujeron a la mitad. A pesar de las informaciones divergentes del instituto portugués, el portavoz Rajoy insiste en que no se está escapando más fuel del buque. Rajoy también negó que hubiese petróleo llegando a la costa. Y en lugar de llamar por su nombre a la marea negra, solo se habla de “contaminación” y de “fuel derramado”. No solo a las autoridades se le impone esta regla lingüística, también a los reporteros de las televisiones estatales y regionales se les imponen estos eufemismos”.

Pero no todos los medios sucumbieron a la presión gubernamental. Desde el principio, el canal Tele 5 se convirtió en “canal alternativo”, al margen de la línea marcada por el PP (el partido del gobierno), ganando audiencia crítica aunque sin salir del discurso permitido. Mientras, los medios de comunicación del Grupo PRISA (El País, la Cadena SER y Canal+), tampoco se sometieron a la censura impuesta, aunque orientaron las informaciones en beneficio de los intereses del PSOE de cara a sus aspiraciones electorales. También La Voz de Galicia proporcionó información libre, lo que hizo que el diario aumentara sus ventas.

Aunque, tal y como señala Tina Parcero del Corriere de la Sera, fue sobre todo internet y la televisión pública portuguesa, a las que pudieron recurrir los gallegos desde un primer momento para informarse del desastre. En efecto, como dice el senador de la oposición Félix Lavilla Martínez “La web ha demostrado ser un medio de comunicación insustituible frente a la censura del gobierno español. La solidaridad se ha organizado a través de internet”. Como dice Marcus Fernández, el director de la página web gallega “Código Cero”: “La web ha sido decisiva para difundir las fotos de satélite de la marea negra, para coordinar el trabajo de los voluntarios y saber al instante dónde era necesario actuar”. Algunos sitios locales en gallego, como Vieiros.com han triplicado sus visitas, a pesar de ser saboteados por hackers que suspendieron su presencia en la red temporalmente. La Universidad de Vigo ha seguido la crisis, publicando documentos de expertos portugueses y franceses que contradecían punto por punto las declaraciones de Madrid, y los expertos han colgado en la red toda información útil, incluída la dieta aconsejada para el voluntariado.

Por lo que respecta a las televisiones portuguesas, el abogado lisboeta Alexandre Joao Veloso manifestó a la corresponsal del Corriere de la Sera “Tengo muchos amigos en España, y me han contado que, desde el primer día, las noticias de nuestros telediarios eran muy distintas a las ofrecidas en las cadenas españolas”. “Enseguida han tenido la sensación de que el gobierno español les ocultaba algo, y se ha corrido la voz de que para saber la verdad era necesario sintonizar las televisiones portuguesas y consultar las páginas de internet. Además, la lengua que se habla en Galicia es muy similar a la nuestra y no tienen dificultad alguna para entendernos”.

Lo acontecido durante la cobertura informativa del hundimiento del “Prestige” es una muestra de la inmensa capacidad que tienen los medios de comunicación para deformar la realidad, aunque también es un ejemplo de que la audiencia no siempre tiene que digerir y asumir el mensaje dictado.

TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO POR LUIS ALAMANCOS PAMPIN

Si te ha gustado este post, suscríbete al feed.

Categorías: medios